Alcàsser como síntoma

TOÑO VEGA JOAN BARRIL
Los crímenes de Alcàsser (Valencia) de 1992 han vuelto a reverdecer y, una vez más, sentimos la indignación ante la extrema crueldad con que tres chicas de 14 y 15 años fueron torturadas y asesinadas a manos de la bestia humana. El único condenado, Miquel Ricart, ha pasado muchos años en la cárcel y está prevista su excarcelación en el 2011 al haber sido juzgado con el Código Penal de 1973, un código que admite la redención de la pena mediante el trabajo. Así, de la pena máxima imponible de 30 años, Ricart habría extinguido la condena tras 20 años de reclusión y saldría a la calle con la consiguiente alarma social de un asesino convicto en edad de volver a asesinar.
Ante esta eventualidad, la fiscalía se ha dirigido a la Audiencia Provincial de Valencia para que revise el caso y aplique la llamada doctrina Parot, que establece que los beneficios penitenciarios no pueden ser restados de la máxima pena, sino de la suma de todas la penas impuestas. La doctrina Parot --que recibe su nombre del etarra Henri Parot-- establece que los delitos de terrorismo y otros casos excepcionalmente graves no pueden ser objeto de ningún tipo de redención. Para entendernos: si la pena máxima era de 30 años y los beneficios del antiguo Código Penal la extinguían a los 20, con la doctrina Parot la base para los beneficios penitenciarios se regiría por la suma de las penas por los distintos delitos --secuestro, violación, asesinato y sus agravantes--, de tal manera que si esta suma comportara, por ejemplo, una pena de 300 años, la antigua redención dejaría la pena efectiva en 200 años; es decir, una cadena perpetua con todas las de la ley.
El caso merece un debate jurídico de altura, y es de agradecer que el fiscal haya advertido con tanta antelación de lo que nos caerá encima cuando Miquel Ricart se encuentre con las maletas a punto de llegar a la libertad. El Tribunal Supremo ya se ha distinguido en su aplicación de la doctrina Parot para todos los delitos de terrorismo. ¿Será sensible este tribunal a la alarma social? ¿O, por el contrario, se mantendrá en sus trece y dirá que la ley es la ley? Al fin y al cabo, la prolongación de la pena de Ricart sería una reforma basada en la interpretación que perjudicaría al penado. Y ese perjuicio no podría aplicarse con criterio retroactivo. En otras palabras: aunque nos pese, el caso de un crimen tan abyecto como el cometido por Ricart y sus compañeros huidos es una prueba para comprobar la solidez de las garantías jurídicas de los ciudadanos.
La bolsa no es la vida

La bolsa baja. Y cuando los mercados bajan los bancos se blindan, las empresas cierran y la gente va al paro. Eso pasa en el primer mundo. En el tercer mundo, donde la vida transcurre lejos de los bancos, los precios de los alimentos suben y las cosechas se pudren en los campos. Todo porque la bolsa se desploma. Hay motivos para querer saber quiénes son los responsables. O mejor dicho: ¿cuántos son los que acuden a los mercados financieros? No me refiero a esos curiosos obreros del dinero con americanas de colores que pululan por el parquet. Se trata de saber cuántos son los que mueven esas fluctuaciones: ¿Mil personas? ¿Dos mil? Nunca tan pocos hicieron sufrir a tanta gente.

De incógnito

Una llamada perdida de un número privado. Acaso pe-
día auxilio y el anonimato le ha dejado herido en su soledad.